En el encuentro los distintos partidos políticos del grupo parlamentario, conocían de primera mano las reivindicaciones más urgentes del colectivo que les ha llevado a tener una situación crítica a muchas de sus entidades, que están viendo cómo deben endeudarse para poder seguir prestando la asistencia a las personas que atienden y pagando las nóminas a sus trabajadores. Cada punto de las reclamaciones es un incumplimiento manifiesto que se magnifica en cuanto además afecta a los usuarios con discapacidad intelectual y del desarrollo.
En la reunión se desgranaron los distintos asuntos que la Junta de Andalucía, a través de sus distintas Consejerías, tiene pendiente de solucionar para el sector.
– Retraso en los pagos de los servicios concertados. Desde el mes de noviembre se están produciendo retrasos en los pagos por los servicios realizados.
– Revisión costes plaza. Desde el año 2009 las tarifas no se han actualizado a la realidad de los incrementos en la prestación de servicio. Las subidas del salario mínimo interprofesional y el convenio colectivos estatal ha hecho que los costes de personal suban más de 25% sin que las tarifas cubran dichos incrementos.
– Costes extra Covid. Se han quedado fuera de las ayudas los gastos del primer semestre de 2020, y no hay nada contemplado para los gastos extra que se están produciendo en 2021.
– Cobertura de plazas. Existen retrasos incomprensibles en la cobertura de plazas vacantes mientras existen grandes listas de espera.
– Reuniones de trabajo coordinación con entidades. Desde el año 2018 no se tienen reuniones de coordinación entre la Junta y las entidades.
– Centros de Atención Temprana (CAITs). Se han realizado ya 6 prórrogas del concierto social que debería haberse adjudicado en febrero del año pasado, lo que ha impedido la entrada en vigor de las nuevas tarifas pactadas y una pérdida de ingresos para las entidades de más del 30%.
– Situación de los Centros Especiales de Empleo. Los retrasos de más de 2 años en el cobro de las subvenciones están llevando al cierre a la mayoría de estos centros que proporcionan empleos protegidos a las personas con diversidad funcional.
– Colegios de Educación Especial. No existe ninguna noticia por parte de la Junta sobre cómo se va a regular la actividad de nuestros colegios ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación.
– Atención a personas con discapacidad grupo 1. No existe una atención estructurada a estas personas.
Una vez expuestos todos estos temas, todos los representantes políticos apoyaron las reclamaciones y mostraron su intención de elevar a los órganos pertinentes de la Junta de Andalucía una petición para solucionar estos asuntos que amenazan con paralizar un sector, que afecta en Granada a más 7.000 personas entre usuarios, trabajadores y familias.
El compromiso más importante que se expuso: la revisión del coste plaza de los servicios concertados este mismo año, tal y como aseguró la representante de Ciudadanos, Concha Insúa.
Finalizado este encuentro, los representantes de las entidades mostraron su satisfacción por la buena acogida de las reclamaciones y se emplazaron a continuar con la campaña de información y movilización que están realizando por las diferentes redes sociales de las asociaciones, haciendo además, extensible esta estrategia al resto de provincias de Andalucía a través de la federación Plena Inclusión. Esta última reclamaba hace unos días, a través de una carta a Juanma Moreno -presidente de la Junta- una solución urgente ante la falta de recursos económicos para el sector.
